- El ejecutivo del estado de Coahuila, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se va con una gran deuda por la impunidad que prevalece en el estado.
- Gobierno saliente se distingue por simulador y administrador del dolor
09 de noviembre del 2023
Breve informe sobre la administración del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, por su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos de las Personas Desaparecidas y de manera urgente los Derechos a la Búsqueda, a la Verdad, a la Justicia, a la Memoria, a la Reparación y a la NO Repetición.
El 1 de diciembre del 2017, Miguel Ángel Riquelme Solís, en aquel entonces Gobernador electo de Coahuila, hizo algunas promesas en el tema de la desaparición:
- Promover una estrategia de colaboración con los estados vecinos.
- Establecer compromisos puntuales para compartir información y trabajar en forma coordinada en la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.
- SANCIONAR A LOS RESPONSABLES POR LA DESPARICIONES HISTÓRICAS
- Destinar mayores recursos, tanto materiales como humanos, a favor de las áreas que participan en la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas.
- Capacitación de personal.
- Mayor infraestructura y mejor equipamiento para fortalecer la búsqueda.
- ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS DE VÍCTIMAS.[1]
Dichas promesas deberían responder a las familias de las 2,749 personas desaparecidas y no localizadas registradas del 1 de enero de 1964 al 1 de diciembre del 2017 en Coahuila en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).[2] Es decir, Riquelme llegaba con la promesa de fortalecer las instituciones que atenderían esta tragedia humanitaria.
Pero no fue así en estos seis años. Para el 7 de noviembre del 2023, unos días antes de finalizar su gobierno, había en Coahuila 3,320 personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Tan solo
en su sexenio se recibieron 1,140 reportes de desaparición: 571 personas siguen desaparecidas, sumándose así a las existentes de los sexenios anteriores.
Si bien las características de la desaparición cambiaron en algunos casos durante este sexenio, eso no eximió su responsabilidad de garantizar la búsqueda e investigación efectivas que llevara a su gobierno a responder ante esta tragedia humanitaria y de Derechos Humanos, sobre todo con los casos catalogados como de “larga data”. El saldo de su balance de gobierno ES NEGATIVO. No se puede hablar de logros de gobierno cuando nuestra sociedad está herida por las personas que se encuentran desaparecidas y la IMPUNIDAD VA EN AUMENTO.
UNA HERENCIA ADMINISTRADA EN CUATRO SEXENIOS: ¿Los pactos de impunidad seguirán?
El periodo donde inició o generó las condiciones para la guerra en Coahuila y el noreste sucedió entre el 2006 y el 2008. A partir del 2009 al 2014 fueron los años de mayor intensidad, siendo el 2009 y el 2011 los años más cruentos, donde las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales se incrementaron terroríficamente; hechos innegables lo que ahora llamamos “El caso Allende”, que no fue sólo el fin de semana del 17 al 19 de marzo del 2011, sino casi un año de este periodo de masacres. Todo esto en el sexenio del Mtro. Humberto Moreira Valdez junto con el Lic. Jesús Torres Charles, en ese entonces Procurador, y con el Lic. Armando Luna Canales como Secretario de Gobierno. Esto no se puede entender al margen de las decisiones federales con la declaración de guerra del entonces Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa. Tanto a Coahuila como todo el noreste del país nos convirtieron en un territorio de guerra abierta, en el que los gobernantes fueron aquiescentes y a través del tiempo se van develando las responsabilidades por acción y omisión.
El Lic. Rubén Moreira Valdés, gobernador electo (2012-2017), el Lic. Homero Ramos Gloria como Procurador y el Lic. Armando Luna Canales como Secretario de Gobierno, trabajaron para legitimarse como el gobierno en pro de los Derechos Humanos. Así pues, el impulso económico para la creación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH)[3] poniendo al frente al Dr. Luis Efrén Ríos Vega, es parte de la estrategia de disputa de los campos de luchas civiles para institucionalizar gubernamentalmente una conquista social. Ya no era suficiente la fallida Comisión Estatal de Derechos Humanos, los retos pedían disputar el concepto mismo de Derechos Humanos, por eso había que invertir presupuesto, no así a la búsqueda e investigación. Están claros los intereses en favor de la impunidad.
Hasta hoy la mayoría de las desapariciones se les nombra romántica y finamente “desapariciones de larga data”, incluyendo las masacres de Allende y otras ocurridas en el norte del estado entre el 2010 y el 2011 y a los ojos de las autoridades estatales y federales; cabe mencionar que en ese tiempo el actual Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) Gral. Luis Crescencio Sandoval González, estaba como Comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, Coah. A esta guarnición le notificó de las masacres desde el 14 Regimiento de Caballería con sede en Múzquiz y la zona militar estacionada a la entrada de este municipio y cubriendo toda la región de los Cinco manantiales y el norte del estado y nadie hizo nada en más de un año de los hechos.[4] Hoy a 12 años y siete meses de aquel infernal fin de semana del 17 al 19 de marzo del 2011 como parte de las masacres y a cinco años de aceptada la recomendación 10VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís deja su mandato sin SANCIONAR A LOS RESPONSABLES, ni cumplir con la ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS DE VÍCTIMAS, queriendo reducir la responsabilidad por estos crímenes de lesa humanidad a un asunto monetario. Siempre les será más fácil negociar dinero que apostar por romper los pactos de impunidad.
INSTITUCIONES ENDEBLES
En el marco de la publicación, el 17 de noviembre de 2017, en el Diario Oficial de la Nación de la “Ley General en materia de Desaparición forzada y Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda” y como parte de la implementación y obligatoriedad de las entidades federativas, en Coahuila y ya con Miguel Ángel Riquelme Solís, fue un consenso de los colectivos de familiares luchar por la creación de la Comisión Local de Búsqueda como lo establecía la Ley y, en articulación con la Fiscalía General del Coahuila, intentar avanzar para mejores y eficaces estrategias de búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos. Sin embargo, no fue así. Otro indicador de déficit, para la actual administración.
El presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda ha sido limitado y condicionado, poniendo como pretexto que la Federación así lo impone, igual para la Fiscalía. Justificaciones políticamente necesarias, obligando a los colectivos a tener que ir también a los estados financieros para pelear recursos para la búsqueda e investigación. La estrategia de yo no fui, fue el otro, es la historia de siempre, administrar el drama y crisis de Derechos Humanos, intentando tratar como personas sin capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Pero no lo lograron.
Con la Comisión de Búsqueda del estado de Coahuila pudimos romper un poco la lógica de administrar la tragedia; sin embargo, no ha sido suficiente para abrir las barreras de acero y posibilitar la articulación con la Fiscalía, pues no se le ha dado acceso a los expedientes (hace años y recientemente supuestamente escaneados) para aportar elementos para la búsqueda de las personas desaparecidas de manera contextualizada y desde una perspectiva histórica. A casi dos décadas de desapariciones recurrentes y sistemáticas en el estado, exige otro modo de trabajar, no de discurso”. La Comisión de Búsqueda del estado de Coahuila lo ha intentado en la práctica.
Nos preocupa que nos quieran hacer otra simulación como el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda para reemplazar subcomisionada y como es costumbre de los partidos, tengan “planchadas” decisiones de perfiles de la Academia y del CRIH, para que el PRI siga capitalizando nuestro dolor. Mientras los partidos, que son parte de los pactos de impunidad, sigan queriendo usarnos, nos van a matar. De lo cual serán también responsables.
SIN BÚSQUEDA E INVESTIGACIÓN EFECTIVA NO HAY ALTERNATIVA.
Si bien nuestros hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos, hermanas, padres, madres desaparecieron años anteriores a este sexenio, JAMÁS PODRA JUSTIFICAR SU RESPONSABILIDAD POR NO BUSCAR Y APOSTAR CONTRA LA IMPUNIDAD.
Hasta este 9 de noviembre del 2023, no hay respuesta a nuestra demanda: regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad y justicia. NO MAS IMPUNIDAD.
Las “audiencias y mesas de trabajo” de simulación y administración de nuestro dolor en este Gobierno saliente, sumó a la deuda social histórica y son tan responsables por las DESAPARICIONES en nuestro estado, como todos los gobiernos anteriores. Les recordamos, por si se les olvida, que el delito de desaparición es un delito de carácter continuado, no prescribe en el tiempo y a pesar de los años, sigue vigente como si se hubiera perpetrado hoy mismo. Esto se refleja pues a la fecha solo existen cuatro sentencias en el estado por desapariciones, inconclusas algunas de ellas en la ejecución de éstas, pero con más de 3,320 mil personas desaparecidas en Coahuila, de manera oficial.
CRISIS DE IDENTIFICACIÓN FORENSE: DERECHO A LA VERDAD TAMBIÉN
Las acciones en materia forense en el estado han sido posible gracias a las familias[5], quienes desde el 2015, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, empujamos la creación de Ley de localización, recuperación e identificación forense de personas del estado de Coahuila de Zaragoza en diciembre del 2016, ya con más colectivos de familiares en el estado. Iniciamos, estratégicamente, con el Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense (PEIF) para descartar o confirmar si nuestros seres queridos pudieran estar en fosas comunes, escuelas de medicina o en campos de exterminio.
Instamos a los Gobiernos Estatal y Federal para que invirtieran en la creación del Centro de Identificación Humana (CIH) y tener un lugar digno donde depositar los restos que íbamos rescatando todos los colectivos, mientras pudieran ser identificados y regresados a casa. Se han exhumado más de mil cuerpos no identificados en los panteones municipales y resguardados en el CRIH. Queremos que pronto todos estos restos humanos sean regresados a casa de una manera digna, sean nuestros familiares o no, pero no queremos que se normalice nuestra vida en esos lugares. Priorizamos nuestra demanda principal e irrevocable ” búsqueda con enfoque de Vida”, aunque no descartamos otra manera, pues para nosotras/os es encontrar la vida misma.
El seguir lucrando con nuestro dolor ha marcado a todas estas administraciones estatales y federales. HOY DECIMOS YA BASTA. Vemos que el aún actual gobernador Ing. Riquelme Solís presume este logró del CRIH solo para legitimar su trabajo, pero no para el objetivo final. El gran riesgo y por tanto reto para nosotras/os, es que este CRIH no se quede en un gran y bonito mausoleo.
UNA FISCALÍA OBSTACULIZADORA
Si bien podemos cuidar y trabajar con la Comisión de Búsqueda y su Centro Regional de Identificación Humana, no es así con la Fiscalía General del Estado de Coahuila mientras sigan encubriendo, no sólo errores humanos, sino graves violaciones a los DHs, tanto por el trabajo pericial con la mayoría de los cuerpos y restos encontrados del 2006 a la fecha y la irrefutable violación a la debida diligencia[6], que puede configurar los delitos de la obstrucción y el ocultamiento de información para contar con los elementos necesarios para la identificación y la búsqueda.
Esta Fiscalía de Personas Desaparecidas fue creada administrativamente desde el 2011 y a la fecha no cuenta con un catálogo de la evidencia asociada a los distintos hallazgos realizados en el Estado por autoridades estatales o federales que son fundamentales para la búsqueda, tampoco existe un proyecto de resguardo de evidencias centralizada o por delegaciones o un catálogo de evidencias digital que pueda ser consultado por las familias.
A la fecha la información sigue, intencionalmente dispersa, perdida o con limitadas bodegas para resguardar las evidencias con condiciones aberrantes para que los Ministerios Públicos realicen su responsabilidad pese a tantas capacitaciones y falsas colaboraciones donde sólo han dispersado evidencias con la Policía Federal, ahora Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.
El “avance” en las investigaciones es mínimo y después de casi dos décadas no hay teorías ni propuestas de construcción de casos y de su relación con otros; no hay vinculación con lo forense y con las muestras de ADN otorgadas desde hace más de una década por las familias. Hay familias, que por lo menos cinco veces dieron muestra de ADN y el Estado Mexicano no puede tener un Banco Nacional de Datos Forenses. Nos vuelven a pedir muestras de ADN como hace 10 años para conformar nuevamente un Banco Estatal y Federal, de Datos Forenses y las instituciones no se articulan a la fecha. La colaboración interinstitucional, así como jurisdiccional entre lo federal y estatal es falsa.
SIN ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
El Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo en 2017, se comprometió a atender de manera integral nuestra demanda, pero la realidad fue otra. Jamás aumentó el presupuesto para el Programa de Familias de Desapariciones (PROFADE). el monto anual en todo el sexenio, como apoyo subsidiario, fue en promedio y por presión de los colectivos, de cuatro millones de pesos anuales, para más de tres mil familiares de personas desaparecidas. [7] Sin una real construcción de una política pública, porque ni la CEAV cuenta con visión y menos con recursos para esto que implica su responsabilidad. Y peor decir de todas las instituciones de gobierno, con quienes las familias tienen que estar negociando un apoyo desde su condición de ser victimizadas por la desaparición de sus seres queridos.
El discurso de política pública por la grave crisis de las desapariciones, ES DISCURSO. No hemos logrado una política pública, ni estatal ni federal para estrategia. Pero el balance no es negativo para las familias solamente, sino también para el gobierno del Ing. MARS, quien jamás presentó iniciativas de políticas públicas que involucraran a instituciones como la Secretaría de Salud, Vivienda, Educación, etc. La mayoría de las hijos e hijas de personas desaparecidas solo recibieron beca en una sola ocasión para continuar sus estudios; los padres y las madres debimos atender nuestras enfermedades ocasionadas por esta tragedia humanitaria con nuestros precarios recursos.
Hablar de política pública sin tocar la defensa legal pues es simulación, la plantilla jurídica de la CEAV para desarrollar una estrategia que lleve a la búsqueda e investigación siempre fue insuficiente y controlada por los intereses políticos del partido en el poder. No se puede hablar entonces de una CEAV, como institución gubernamental; jamás se comprometió a pelear el Derecho a la reparación integral. Continuó la lógica clientelar como entidad gubernamental. Así jamás la verdad y justicia entrarán a nuestras casas.
En Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas tenemos un registro de 494 personas desaparecidas hasta la fecha, de las cuales 292 siguen sin ser localizadas; en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) se busca a más de 100 personas desaparecidas; algunas con más de 15 años; la de menor años con seis. Y como Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios damos seguimiento a casos de 700 personas desaparecidas. En el colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila buscamos a 15 seres queridos.
La gran mayoría de nuestros seres queridos siguen desaparecidos llamados de larga data”. Si bien en los primeros años de nuestra lucha colectiva, del 2010 al 2012 como FUNDEC-M y 2013 como FAMUN, se nos informó de la localización de algunos, no fue por la investigación, mucho menos por la búsqueda. Las personas fueron liberadas o escaparon de los lugares donde los habían llevado. En años recientes, por el apoyo de peritas independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La desaparición de cuerpos como es el caso de Cosme Humberto Alarcón Balderas desaparecido dos o más veces por el estado sigue en la impunidad, pues la Fiscalía de Coahuila respondió a la demanda por responsabilidad patrimonial, que no tenía instalada la entidad que desde el 2019, tendría que estarlo. El discurso de “no tengo instancia para determinar responsabilidad” es justificación de evasión.
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. Sin seguimiento puntual es tirar o trasladar recursos para otros fines
Se han dado un sin número de capacitaciones a los servidores públicos, responsables de la búsqueda e investigación; pero esto no ha posibilitado mejor atención cuando un familiar acude a interponer una denuncia; todavía les piden esperar las 72 horas en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, así como respuestas estigmatizadoras porque “tal vez se fue con el novio” o “seguro andaba metido en algo”. Mientras no vaya acompañado de alguna persona del este centro de DH o de algún colectivo, la familia debe esperar el tiempo fundamental para localizarles.
Después de reunirnos 14 años con los ministerios públicos y fiscales, no hemos encontrado evidencia de que sean independientes y autónomos para conducir investigaciones multidisciplinarias; al contrario, las múltiples audiencias y reuniones documentadas en minutas nos confirman la pasividad del Ministerio Público para realizar los actos administrativos solamente.
El personal no ha cambiado la cultura de interés institucional y político tradicional y burocrática. El solicitar por oficio y agregar al expediente sin analizar la información y cruzarla con otros datos o registros que se tienen y mantenerla permanentemente desactualizada, no sólo obedece a carga de trabajo, sino también, sobre todo, a una política de gobierno de no garantizar procesos de verdad y justicia, porque esto afectaría los pactos de impunidad.
Los operadores de procuración de justicia que auxilian al Ministerio Público, como es el personal pericial o policial, el personal de atención a víctimas y el personal policial, tienen mucha información atomizada en registros individuales que no se cruzan como parte de lo que debería ser un Sistema de Gestión de Información.
JUSTICIA E IMPUNIDAD
El caso de Cosme Humberto Alarcón Balderas refleja la impunidad que prevalece en Coahuila que, si bien no solo se vive en nuestro estado, sí debe resaltarse pues no puede pasar por alto que las cadenas de custodia y los malos manejos de las instituciones llevan a que la tortura y el dolor no termine para nosotras.
Según un estudio de la organización México Evalúa en el tema de justicia penal en Coahuila, el índice de impunidad aumentó un 7.60%, al pasar de 88.70% en 2021, a 96.30% en 2022.[8]
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, por su parte, en la audiencia al Estado Mexicano para rendir cuentas sobre las recomendaciones, le observó que en este país existe 99% de impunidad en general, es decir, no hay Justicia.
Otra cosa que abona a la impunidad son las sentencias emitidas por el Poder Judicial de Coahuila. Desde el 2006 a la fecha, existen solamente cuatro sentencias en materia de desaparición forzada.[9] En dos décadas de desapariciones generalizadas y sistemáticas. Es decir, la promesa del aún gobernador de Coahuila, Ing. Miguel Ángel Riquelme, al inicio de su mandato de sentenciar a los responsables fue incumplida.
Al contrario, la práctica es colocar a los funcionarios de manera estratégica con rango de autoridad y así manipular las quejas, las denuncias y los pocos casos que llegan a ser judicializados de autoridades responsables, caen en manos de los jueces, magistrados, comisionadas de víctimas o de DHs, que en algún momento fueron ministerios públicos, delegados, subprocuradores y procuradores, funcionarios de gobierno o del partido. Así se cubren las espaldas y cubren las espaldas para mantener los pactos de impunidad.
EN COAHUILA SE PREMIA SER PARTE DE LA IMPUNIDAD
El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís hizo lo que sus antecesores. El Lic. Rubén Moreira Valdés premió al Ex Subprocurador de personas Desaparecidas Lic. Juan José Yáñez Arreola, quien fue promovido como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El Ing. Riquelme, al inicio de su mandato, promovió al exprocurador Lic. Homero Ramos Gloria como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Al Lic. Hugo Morales Valdés, quien era el encargado del Despacho de la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila Región I cuando Riquelme Solís fungía como alcalde de Torreón, lo promovió como Ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) al llegar como Gobernador. Por cierto, Morales Valdés nunca emitió ninguna recomendación por las quejas recibidas del director Adelaido Díaz Flores.
En el 2011 el Sr. Adelaido Díaz Flores fue nombrado director de Seguridad Pública en Torreón. En el 2014 Miguel Ángel Riquelme Solís, como alcalde de esa ciudad, lo ratificó en esa dependencia. En esos años, de los más violentos, hubo graves violaciones a derechos humanos por parte de policías municipales adscritos a la dirección que dirigía el Sr. Flores. Hasta la fecha tiene una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso de tortura de Mónica Esparza y su familia (15/2016). Como Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios hemos interpuesto nueve quejas contra el Sr. Díaz Flores ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Coahuila (CDHEC) desde el 2013[10] y en ninguna han emitido recomendaciones contra dicho funcionario.
Pese a ello Riquelme, ya como gobernador en el 2018, le otorgó al Sr. Díaz Flores la Subsecretaría de Atención a Delitos de Alto impacto y la Especializada en el Combate a los Delitos del Fuero Común dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que hasta la fecha ostenta.
También Riquelme promovió, en el 2019, al Dr. Luis Efrén Ríos Vega para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ríos Vega es fundador e impulsor de la AIDH, a quién se le ha asignado un presupuesto mayor que a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) y un poco menor que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos según presupuesto asignado para el 2023.[11]
PREMIA A EX GATES COMO POLICÍAS VITALICIOS
A pesar de cientos de señalamientos y denuncias en contra de policías como partícipes de Desapariciones Forzadas, Extorsiones, Tortura y Ejecuciones extrajudiciales, toda denuncia no prospera, porque el dicho de los funcionarios es contrario a de las personas victimizadas, incluidas familiares de personas desaparecidas.
El gobernador Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís creó, en septiembre del 2023, un decreto donde beneficia a 12 expolicías del Grupo de Atención y Reacción Inmediata (GATE) titulado “Decreto que establece los beneficios para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública reconocidos con la mención honorífica Policía Estatal Vitalicio”. [12].
Las normas jurídicas son parte de los pactos de impunidad. ¿Dónde está la promesa que hizo al iniciar su mandato de sentenciar a los responsables?
CONCLUSIONES
Los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la búsqueda de personas desaparecidas y el marco legal en materia de desaparición forzada no fueron cumplidos en este sexenio. Es así como el Ing. Miguel Ángel Riquelme hereda a su predecesor esta tragedia humanitaria y de Derechos Humanos. Preguntamos al Gobernador electo Ingeniero Manolo Jiménez Salinas:
- ¿Cuánto más tenemos que esperar?
- ¿Cuántas leyes más tenemos que hacer?
- ¿Qué explicación le damos a nuestras familias cuando estamos viendo cómo nos mienten y nos desgastan en vez de dedicar su esfuerzo y el presupuesto en la búsqueda de nuestros muchachos?
- ¿Por qué el pueblo tiene que seguir pagando los delitos, violencias y violaciones a los derechos humanos que cometen las estructuras políticas?
- ¿Por qué nos seguimos endeudando y no se recupera el dinero robado o desviado por servidores públicos que se han beneficiado de la guerra?
LOS DERECHOS HUMANOS INHUMANIZADOS POR LOS GOBIERNOS
- Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, usted falló, usted nos utilizó como los anteriores gobiernos.
- Usted simuló proteger nuestros derechos. Por eso, usted pasará a la historia como un gobierno que cubrió las espaldas de sus antecesores al no castigar a los autores por aquiescencia, acción y omisión por la grave tragedia por la desaparición de nuestros seres queridos,
- Usted apostó al desgaste y a dividir, pero no lo logró.
- Usted dirigió un sexenio que falló en todo, no solamente en la tragedia que vivimos que es la desaparición.
- Usted nos falló a nosotras y a nuestras familias
- Usted falló a las y los trabajadores pensionados y activos de Magisterio del estado a quienes les despojaron el derecho a la salud y lo que hizo fue: Continuar la estrategia de perpetuar las violaciones no sólo al derecho a la salud, sino, sobre todo, a una vida digna para las personas incluso de su partido político.
- Usted falló a la población de la región carbonífera, quienes murieron por las negligencias en las minas del carbón. Usted se alineó a la estrategia federal de simular para que la impunidad se sostenga.
- Usted le falló a la población de los ejidos que son despojados de sus tierras o permite que los desechos tóxicos terminen matando a las y los ejidatarios para, con eso, seguir despojándolos ¿Cuál política ambiental? Eso es falso. Se alineó a los que dice odiar de la Federación para despojar y exterminar.
- Usted falló a las familias que no han obtenido justicia por feminicidio de alguna hermana, hija, madre o cualquier violencia contra la mujer. Los derechos a no ser víctima de feminicidio, al igual que lo anterior expuesto, es solo discurso alineado a posturas federales.
- Usted falló a nuestras niñas y niños violentadas sexualmente en instituciones de educación básica pues no hay castigo a perpetradores o si los hay, es después de un proceso largo y tortuoso. No hay política de gobierno, se permite que violen y maten a nuestras niñas, niños y adolescentes que al final no hay problema.
- Usted falló a quienes son víctimas de tortura, sobre todo practicada como política de gobierno para la investigación criminal perpetrada por las Policías Estatales y municipales.
Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador actual de Coahuila
- Se va con una deuda mayor a la que recibió. Fue su decisión lo que hizo.
- Hasta ahora nuestros seres queridos no están en casa.
- No hay reconocimiento ni aprobación para un gobernador que quedó en deuda con nosotras y con nuestros desaparecidos al no acercarnos a la Verdad ni a la Justicia.
- No adoptó medidas para que esto no vuelva a suceder, al contrario, las redes criminales siguen intactas.
Por todo lo anterior le decimos lo siguiente al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís:
Que los ojos de nuestros seres queridos desaparecidos le persigan y nuestra digna lucha, nuestro llanto, nuestro dolor y sufrimiento como madres, padres, esposas, esposos, hijos, hijas, hermanas, hermanos, no lo dejen dormir por el resto de sus días.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M)
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas
Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Monclova, Coah)
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
[1] https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-coahuila-que-prometio-riquelme-MPVG3349665
[2] https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
[3] El presupuesto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos fue de 26,500,000 en el 2022 y en el 2023 fue de 33,000,000 frente al presupuesto de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza fue apenas de 11,193,975.73 durante el 2020, el 2021 y el 2022, en 2023 aumento a 21,650,372.17 según un comparativo de los presupuestos de egresos aprobados por el Congreso del Estado de Coahuila en los últimos años.
[4] https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/luis-cresencio-sandoval-tuvo-conocimiento-en-2011-de-masacre-de-allende-y-no-actuo-proceso/
[5] De manera particular, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México y la ONG CDH Fray Juan de Larios, que desde el 2010 lograron instalar mesas de negociación para abordar LA PROBLEMÁTICA DE LAS DESAPARICIONES EN COAHUILA.
[6] Según la Evaluación del PEEIF “La Fiscalía Ministerial a partir de la coordinación del PEEIF, comienza a recuperar la información a partir del 2017, encontrando graves omisiones en los procesos de identificación forense, un ejemplo de ello es que del año 2000 al 2017 no se realizaron criminalísticas de campo a los restos o cuerpos encontrados, sin embargo, era y es obligación ministerial ordenar todas las periciales que ayuden o ayudaran a arrojaran hipótesis de identificación y por lo tanto de búsqueda, máxime cuando el proceso de diálogo con las familias de personas desaparecidas ha sido un proceso sostenido a lo largo de la última década.”
[7] El PROFADE es manejado por la CEAV, quien recibió en el 2023 un presupuesto de $24,385,132.19 pesos, un monto menor al de la AIDH que fue de $33,000.000.
[8] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2023/10/hallazgos2022-coahuila-1.pdf
[9] https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-han-sentenciado-a-cuatro-policias-por-desaparicion-forzada-de-2020-a-la-fecha-
[10] CDHEC/2/2013/233/Q, CDHEC/2/2014/303/Q, CDHEC/2/2017/135/Q, CDHEC/2/2020/263/Q, CDHEC/2/2021/085/Q, CDHEC/2/2021/238/Q, CDHEC/2/2021/345/Q, CDHEC/2/2022/225/Q
[11] Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza (Martes 27 de diciembre del 2022).
[12] Decreto publicado el 15 de septiembre del 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas tenemos documentados más de 50 entre denuncias y amparos contra policías que fueron parte del GATE y desmantelado en el 2016.