El 9 de enero del 2013, se publicó la Ley General de Atención a Víctimas, la cual mandata la constitución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha ley es un logro de las víctimas y sus familias que sufrieron los estragos y consecuencias de la violencia en México para hacer exigibles los derechos de personas, comunidades y pueblos azotados por la guerra declarada contra la delincuencia organizada y cuyas principales víctimas es la sociedad civil. Enfrentamos hoy la indignante realidad de más de 61 mil personas desaparecidas, más de 30 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos, fosas clandestinas y lugares de exterminio, miles de mexicanos, mexicanas y personas migrantes en estas cifras, y sin posibilidad de atender esta grave tragedia. Ahora, el Ejecutivo federal, bajo la excusa de la austeridad republicana, decide reducir el 75% de presupuesto de gastos operativos de la CEAV con lo que se afectará impunemente el derecho de las personas desaparecidas y sus familias de ser acompañadas y asesoradas de manera integral.